30/12/13

Imposibilidad de comunicación telefónica y de coordinación con el 112, en el incendio da Barca. Porque los ordenadores fueron retirados después de que se conociese la caótica gestión del accidente del Alvia

"Los bomberos de Cee denuncian en un comunicado numerosas anomalías en la intervención para extinguir el fuego que arrasó el santuario de la Barca de Muxía derivadas de la descoordinación y la falta de medios para realizar su trabajo. 

Aseguran que recibieron la alerta a las 08.30 horas justo después de que ya les avisase un particular, con lo que los tres profesionales que estaban de guardia salieron hacia Muxía con un camión nodriza y otro de altura, toda vez que el principal vehículo de la dotación carece de bomba de agua debido a una avería de larga duración.

Al llegar al punto se encontraron con que Protección Civil de Muxía ya estaba trabajando en la zona, al tiempo que el incendio se desarrollaba con gran virulencia avivado por la apertura de la totalidad de las puertas, «algunha incluso cortada con motoserra» que ejercían un efecto tiro que oxigenaba la combustión, con lo que lo primero que hicieron fue cerrarlas de nuevo para reducir ese contratiempo.

A las 09.00, siempre según explican los bomberos, los otros tres profesionales que entraban de guardia y se disponían a darles el relevo se topan con que desconocen donde están sus compañeros y que hacen, «debido a imposibilidade de comunicación telefónica e á ausencia dunha ferramente de coordinación co 112», debido a que los ordenadores remotres para este fin fueron retirados después de que se diese a conocer a la prensa información relativa a la caótica gestión del accidente del Alvia el 24 de julio en Santiago.

Finalmente logran información a través del jefe del parque , que también se desplazó a Muxía, y se pusieron a trabajar junto con efectivos del Distrito Forestal V, Protección Civil de Carballo, Cee, Vimianzo y Muxía que, según dicen los bomberos de Cee, «xa estaba no lugar do siniestro as 07.00 horas».

La falta de equipos de radio para comunicarse con sus compañeros y con los otros cuerpos dio lugar a situaciones de mucho peligro.

 «Estaba a traballar no primeiro andar, con moitísima carga térmica, por enriba da sacristía e, de repente, empezáronme a rociar con auga os compañeiros doutra agrupación. Abrasáronme», relata uno de los bomberos de Cee, que mantienen un conflicto laboral con la empresa Natutecnia, de la que dependen, y a la que señalan como responsable de la falta de equipos que, por ejemplo, les obliga a compartir los equipos de radio, de tal modo que los que acaban su turno se las entregan a los que salen y, como en el caso del día de Navidad, impiden que un grupo esté en contacto con el otro."                   (La Voz de Galicia, 27/12/2013)

29/12/13

Venta de Novagalicia. La fallida fusión de las dos cajas gallegas acaba en Venezuela

"(...) Antes de que se conociese la noticia, Feijóo mantuvo ayer un pequeño rifirrafe con los socialistas en el Parlamento a propósito del futuro de NCG, en el que volvió a asegurar que las dos antiguas cajas gallegas “estaban quebradas en 2009”, cuando el PP llegó a la Xunta. 

Un argumento ya repetido, pero que no deja de resultar sorprendente, ya que fue el propio Feijóo el que impulsó la fusión de esas cajas “quebradas” y la avaló con una auditoría pagada por su Gobierno que certificó que la unión era viable.

En ese verano de 2009, cuando la situación del sistema financiero español se empezaba a vislumbrar insostenible, comenzaron los movimientos para unir Caixa Galicia con Caja Madrid y la alicantina CAM.

 Feijóo enarboló entonces la bandera de la galleguidad y dejó claro que se opondría al proceso. Y se lanzó de lleno, con el apoyo del BNG, a promover la fusión de Caixa Galicia y Caixanova para crear la “gran caja gallega”. Durante meses mantuvo un durísimo enfrentamiento para vencer las resistencias no solo de la entidad viguesa sino del propio Banco de España.

 Fue en la primavera de 2010 cuando, tras un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se dio el visto bueno a la fusión. La resaca de los brindis con champán apenas duró unos meses. Las cajas fueron privatizadas y, bajo los auspicios de la Xunta, se puso al frente a Castellano, presentado como una especie de salvador. Pero, al final, la solución ha venido del lugar más insospechado, el país de la revolución bolivariana."          (El País, 19/12/2013)

27/12/13

Las mentiras de la tercera peor fusión de cajas de España, la de Caixa Galicia con Caixa Nova

"Hace siete años Galicia era un lugar feliz. Su economía crecía al 4%; el paro rondaba el 8% de la población y entre las 10 mejores empresas sobresalían grandes buques de prosperidad: la inmobiliaria Fadesa (después Martinsa), Pescanova y Caixa Galicia. 

Pocos entonces se imaginaban que la gran financiera gallega, que ganaba 357 millones y hacía crecer sus márgenes por encima de los dos dígitos, estaba más envenenada que la manzana de Blancanieves.

Su principal ejecutivo, José Luis Méndez (A Coruña, 1945), había manejado la caja como una finca particular durante 29 años. A base de fusiones convirtió la entidad provinciana en una de las 500 mayores del mundo, según publicó la revista Fortune en 1990, pero en la última década emprendió una huida hacia adelante con inversiones inmobiliarias arriesgadas, entre otras cosas, que nadie, ni el Banco de España ni la Xunta, frenó ni advirtió.

 Delirios de grandeza, como la compra de la isla de Sálvora (en la ría de Arousa) o ejemplos de nepotismo, como la contratación de dos de sus hijos al frente de áreas sensibles en la caja, se pasaron por alto mientras la obra social regaba hasta el último Ayuntamiento de A Coruña.
 
Igual que le ocurría en Caixanova, su vecina del sur, las cuentas de Caixa Galicia se presentaban siempre limpias de salvedades, avaladas por las amplias mayorías de consejos de administración con escasos conocimientos financieros, hechos a imagen y semejanza de los directores.
 El de Caixanova, presidido por el veterano Julio Fernández Gayoso (Vigo, 1931) estaba formado por 18 miembros que sumaban 1.140 años de edad.

En 2009, cuando se abrió la veda de las fusiones, Caixa Galicia no dudó en presionar para unir su destino a la financiera de Vigo, algo a lo que ambas, furibundas competidoras, se habían negado siempre. 

La Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), aceptó el envite y encargó lo que en principio dijo que era “una auditoría”. Posteriormente, lo rebajó a un “diagnóstico acelerado de la viabilidad de la fusión” que realizó KPMG. El objetivo era convencer a los gallegos de que la unión era la mejor opción. Según diferentes fuentes, el informe costó alrededor de un millón de euros. 

Fue pagado por el departamento de la entonces conselleira de Hacienda Marta Fernández Currás (hoy secretaria de Estado de Presupuestos con Montoro) y se resumió en un Power Point para la opinión pública. Según la Xunta, aquel informe afirmaba que la nueva entidad generaría un beneficio bruto de 2.671 millones entre 2010 y 2015 y que iba a poder devolver los 1.162 millones que se necesitaban para impulsar la fusión.

Caixanova se resistía, pero las presiones del Banco de España y del Gobierno autónomo, sumadas al caramelo de que tendría el mando de la nueva caja, terminaron por seducir a Fernández Gayoso. 

Aupado a la dirección de Caixanova por un alcalde franquista en 1965, Gayoso se había jubilado teóricamente en 2006 a los 75 años, sorteando las limitaciones de edad con argucias legales y con una pensión vitalicia de 689.000 euros anuales. Pasó entonces a ocupar la presidencia, y continuó disponiendo de su despacho, chófer y secretaria.

Al norte, Méndez se retiró entre aplausos con 16,5 millones bajo el brazo por su pensión acumulada. Lo hizo antes de que se conociera el desastre, lo que le ha permitido quedar al margen de todas las causas judiciales. Méndez cedió todo el poder a Gayoso, que firmó la fusión en diciembre de 2010: nacía la quinta caja del país. Pero algo olía a podrido.

Mientras el presidente de la Xunta presumía de la “solvencia” de las cajas, ellas se dedicaban a colocar más de 900 millones en un producto de alto riesgo llamado participaciones preferentes para tapar sus necesidades de capital. Se los vendieron a bebés, discapacitados o analfabetos. Ahora, por cierto, Feijóo admite que las cajas estaban “al límite” por los excesos de sus directivos.


Caixanova tampoco estaba mejor que su vecina del norte: avaló proyectos inmobiliarios de genios como Paco el Pocero; inyectó fondos en bodegas ruinosas, compró una empresa de jamones en Guijuelo... La caída comenzó con la pesada digestión del ladrillo: ambas habían concedido 14.371 millones al sector, y 5.020 millones estaban clasificados como créditos de dudoso cobro o subestándar, a un paso de la morosidad.

La situación se hizo insostenible en agosto de 2011. Los directivos que crecieron a la sombra de Méndez y Gayoso hicieron las maletas. José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán se embolsarán 52 millones en indemnizaciones y pensiones.

El que fuera número dos de Inditex, José María Castellano, tomó las riendas del monstruo, junto a César González Bueno para traer fondos internacionales. Al final ha llegado Juan Carlos Escotet, un banquero venezolano que preside Banesco y que ya había comprado el también gallego Banco Etcheverría. Novagalicia se nacionalizó con 9.000 millones de capital público de los que solo se recuperán 1.003 millones.

Las cajas consumaron la tercera peor fusión de España por la cantidad de recursos públicos (tras Bankia y Catalunya Banc) consumidos, equivalentes al 20% del PIB de Galicia; destruyeron 2.679 empleos y dejaron a miles de personas sin ahorros. Y, como siempre, nadie se hizo responsable. “¿Cómo pasó Caixa Galicia de beneficios a necesitar tras la fusión 9.000 millones? Yo tampoco lo sé”, aseguró Méndez en el Parlamento de Galicia. (...)"                (El País, 22/12/2013)

26/12/13

Non deberíamos confundir a evolución da gaita galega cun invento subvencionado por Fraga e Baltar

"La última batalla de la guerra das gaitas fue televisada. El pasado viernes estalló la tormenta en el programa Luar, cuando Susana Seivane, miembro del jurado del concurso Vai de Gaitas, criticó la utilización de la gaita marcial, «o cancro da música galega», y calificó la actuación del concursante Denis Rodríguez con un cero.

Unos días después, ya en frío, Seivane atiende una llamada de La Voz de Galicia en la que trata de aclarar lo sucedido.

Susana Seivane, una de las gaiteiras gallegas más internacionales, asegura que le molestan las comparaciones con Risto Mejide: «Nunca o fun nin me gusta a comparación. Nin foi buscado, nin articulado, nin nada. En ningún momento quixen montar todo esto».

Susana Seivane no se arrepiente del fondo, aunque sí reconoce que se equivocó en las formas: «Sigo pensando o mesmo. Quizáis a miña forma sí foi un pouco brusca e agresiva. Despois do programa falei con Denis. Soubo moitas cousas que ignoraba. Entendeu perfectamente que non fun contra él. Acabou dándome as gracias e dímonos dous bicos».

En realidad, las críticas de Seivane se dirigían hacia otro lado, tal y como reafirma en un comunicado: «Denis sabía as bases do concurso e aínda así optou por levar a gaita marcial, creo que dirixido. Eu entendino como unha provocación».

La gaita marcial fue un invento de Xosé Luís Foxo, director de la Real Banda de gaitas da Deputación de Ourense, quien buscando una mayor espectacularidad en las actuaciones ideó un instrumento combinando la gaita gallega y la escocesa. 

Susana Seivane reconoce que el taller de su familia abastecía a Foxo hasta que se introdujeron los cambios, momento en el que se rompieron las relaciones, y punto de partida de la guerra das gaitas.

Susana Seivane afirma haber recibido en los últimos días insultos y amenazas. «Hai xente que está opinando e non ten nin idea. Non pretendo ser a sacerdotisa da tradición da gaita. Cada un toca o que quere.

 ¡Eu mesma toco o piano e a batería! Mais non deberíamos confundir a evolución dun instrumento (algo natural) cun invento subvencionado con cartos públicos por Baltar e Fraga». Respecto a Xosé Luis Foxo, «non podo afirmar que comercialice gaitas, pero sí que se enriqueceu con todo este invento».   (La Voz de Galicia, 18/12/20º13)

23/12/13

Las ventas previas por 1 euro y 14.000 millones en ayudas, destruyeron 5.000 empleos

"El proceso de venta de Novagalicia está siendo bastante atípico. Por muchos motivos: la resistencia que está encontrando el FROB (en otros procesos no se cuestionaron sus procedimientos, aquí se habla de denunciar la venta), el enorme interés que ha despertado fuera de España; los tiempos (se vende en dos fases); y la insistencia en marcar un precio.

Pero su resolución tendrá mucho que ver con las seis subastas previas que se han vivido en España (dos a cargo del Ministerio de Economía, el resto, del FROB) desde el inicio de la reestructuración financiera. Es posible -seguro- que el comprador recibirá ayudas de algún tipo, indirectas, para cubrir alguno de los imprevistos que pueden salir en Novagalicia: el conflicto con Aviva, las reclamaciones por lo pagado de más en las cláusulas suelo; y los juicios de las preferentes. En total, más de 500 millones de euros en juego que el FROB cubrirá parcialmente (el 85 %) para el comprador.

No está nada mal esta solución para el adquiriente. Pero es que en procesos previos la factura fue mucho más elevada: en los seis procesos previos, el Estado ha empeñado casi 14.000 millones de euros en ayudas directas adicionales para el comprador. Sin contar con las indirectas, blindajes para cubrir durante 10 años los posibles quebrantos que pueda provocar esa entidad. Solo para la CAM ese blindaje puede superar los 10.000 millones.

 Lo que no se ha blindado, en ningún caso (ni tampoco se hace para Novagalicia), es el empleo. BBVA, La Caixa, Sabadell (por dos veces), Kutxabank y Liberbank adquirieron los bancos intervenidos con ayudas directas e indirectas y despidieron, en su conjunto, a casi 5.000 trabajadores. Esa cifra se rozará cuando se produzca el ERE para el Banco Gallego, en fase inicial. 

Si NCG lo adquiere una entidad española (y pugnan los tres grandes), sucederá lo mismo: se producirá un recorte laboral considerable. «Es que, aparte de las duplicidades, si no lo hacen serían menos rentables y sus accionistas les penalizarían», explica un analista que prefiere no ser citado."            (La Voz de Galicia, 17/12/2013)

20/12/13

A falta de victorias, Galicia celebra sus derrotas. La última, la de NCG

"Un banco de Venezuela acaba de comprar Novagaliciabanco por 1.003 millones de euros, después de que la entidad hubiese sido saneada con 9.000 millones de dinero público, que ahora pagaremos entre todos… 

Pongamos que para ayudar a un amigo a salvar su vivienda de un desahucio le deja usted 200.000 euros. Pero hete aquí que una vez rescatado el piso, el bueno de su amigo le explica de buenos modos y entre agradecimientos que en realidad no tiene pensado devolverle el dinero. Así de claro. 

Y además aparece un tercero que acaba  comprando la  vivienda por 2.000 euros.  Después de tamaño despropósito, no le costará nada imaginarse la cara de perfecto memo que se le acabaría poniendo usted.

Pues esa misma es la cara que más abunda hoy en Galicia tras ver como un banco  de la república bolivariana de Venezuela acaba de comprar Novagaliciabanco por 1.003 millones de euros después de que la entidad hubiese sido saneada  con 9.000 millones de dinero público, que ahora pagaremos entre todos…  menos los venezolanos.

Tras esta operación cobran sentido algunas frases escuchadas recientemente, como la del bisnieto de Forbes durante la presentación de la cabecera que lleva su apellido en España: “Es un buen momento para hacer negocios en España”. O dos de las últimas sentencias de Botín: “Todo el mundo tiene interés en invertir en España”,  “llega dinero de todas partes”.

Y tanto que llega, pero para llevarse el nuestro a precio de saldo. Los duros a peseta que decía la abuela.

Lo asombroso es que estamos tan escarallados (versión gallega del jodidos de toda la vida), que   además lo celebramos por todo lo alto, espoleados por el gobierno  gallego y su implacable batallón mediático. Ahora intentarán convencernos de que los venezolanos vienen a Galicia a darnos la banca que merecemos y necesitamos, según declaró ayer mismo Escotet, fundador de banco comprador (Banesco), obviando que en el mejor de los casos nos van a dar la banca que le acabamos de malregalar.

En Galicia, en paralelo, el  presidente y su coro mediático han pasado a la acción. Hastiados de encadenar derrotas sin que llegue nunca la victoria final, han decidido dejar de esperar por esa victoria que nunca llega y empezar a celebrar las derrotas, que de momento son lo único que hay.

Que vienen los mexicanos y compran los astilleros gallegos para llevarse su tecnología a México, pues los celebramos. Que los venezolanos compran los restos de las cajas, aquellas que decidió fusionar el presidente de la Xunta  para obtener una megacaja gallega y solvente, pues lo celebramos todavía más.

 Que llueve un líquido acuoso, transparente y amarillento de olor sui géneris, pues lo mismo: hacemos otra fiesta. Que el paro se desboca, que Citroën hace un Ere, que  37.000 abandonan Galicia en un año, que los gallegos  y gallegas se empobrecen, que la sanidad se deteriora… pues lo festejamos como si todo fuese del revés.

Y mientras tanto, para tranquilidad de todos, la Xunta nos informa de que Alberto Núñez Feijoo  quiere contribuir al futuro “venturoso” de Cuba, como anunció en su reciente viaje a la isla. De Cuba, de México, de Venezuela y de todos los países que reciben a los 100 gallegos y gallegas, jóvenes formados la mayoría,  que cada día abandonan Galicia.
En fin, por Galicia escarallados pero celebrándolo.

Xosé R. Carballo es periodista."            (El Plural, 19/12/2013)

19/12/13

1.000 millóns de euros por NGB, unha entidade que posúe perto do 50 por cento do aforro galego, é unha ganga

"Consúmase o espolio. 1.000 millóns de euros por NGB, unha entidade que posúe perto do 50 por cento do aforro galego, é unha ganga. Estamos a falar do instrumento financeiro que controla a maior concentración de capital amoreada nunca no noso país. 

Era unha entidade semi-pública, non privada, antes de PP e PSOE pactaren a súa privatización, en Madrid. Agora ten dono. Venezolano.

 Esta é unha noticia terríbel, mais non é unha noticia aillada. Un fundo de investimento británico-estadounidense mercou R. Un banco español (o Popular) mercou o Banco Pastor. Pemex (México) mercou Barreras. Damm (Catalunya) mercou Pescanova. Banesco (Venezuela) merca NGB.

A colonización do noso tecido empresarial é verdadeiramente impresionante. Non ten precedentes na nosa historia.
Está Feijóo preocupado? (...)"             (Xosé Mexuto, Sermos Galiza, 18/12/2013)


"Novagalicia Banco será vendida ao maior banco privado de Venezuela. O grupo financeiro Banesco será finalmente o adxudicatario da entidade financeira galega por uns 1.000 millóns de euros. (...)

Mil millóns para Banesco, 9 mil para @s contribuíntes

O prezo que finalmente NGB suporá para o grupo venezolano contrasta co custe que o saneamento da entidade financeira tivo para @s contribuíntes. Neste senso, o Goberno español inxectou 9.000 millóns de euros públicos ao banco resultante da fusión das extintas caixas dos cales, só recuperará mil. Os restantes 8 mil millóns pasarán a engordar o défice público."         (Semos Galiza, 18/12/2013)

18/12/13

La Diputación coruñesa concede a dedo más del 60% de sus contratos

"La Diputación de A Coruña, con independencia del color político de su gobierno, se caracterizaba desde hace más de dos décadas por decidir mediante concurso público la inmensa mayoría de sus contrataciones de obras, más de nueve de cada diez.

 Pero el actual ejecutivo provincial del PP, con Diego Calvo al frente, ha invertido estos dos últimos años la tendencia en aras, alega, de “una mayor agilidad”. Y ya son mayoría, más de seis de cada diez, las adjudicaciones a dedo, mediante la fórmula del negociado sin publicidad.

De nada valieron las múltiples advertencias en contra de este procedimiento, una modalidad opaca y reservada por ley solo a casos o razones puntuales y muy justificadas, que realizó el servicio provincial encargado de fiscalizar las contrataciones. El funcionario que se encarga, por concurso, de este departamento desde 1999, Luis Jaime Rodríguez, fue relevado en agosto de sus funciones. 

Y Calvo designó, a dedo, para sustituirlo al frente del Servicio de Contratación a una funcionaria procedente de la Xunta, Patricia Rodríguez Franco, hasta entonces encargada del registro de contrataciones de la Consellería de Economía.

Son incontables los informes emitidos en 2012 y hasta el pasado agosto por el Servicio de Patrimonio y Contratación contrarios a las adjudicaciones de obras y servicios resueltas mediante negociados sin publicidad. Este departamento, tal como le obliga la ley, informó al Tribunal de Cuentas y su equivalente autonómico, el Consello de Contas, de esas contrataciones para que se verifique su legalidad. 

Para el anterior responsable provincial de fiscalizar las adjudicaciones, la modalidad ahora predilecta del gobierno de Calvo para repartir los contratos no solo restringe al mínimo las ofertas y participación de empresas. Pone también en duda que se ajuste a la Ley de Contratos, que exige limitar los negociados sin publicidad a casos puntuales y estrictamente justificados, algo que ni siquiera figura en la mayoría de los expedientes de obras.

Valga de ejemplo el reparto del plan anual de conservación de carreteras de la Diputación, que se licita dividido en una treintena de grupos, uno por cada zona de la provincia. Desde finales de los años ochenta, siempre se adjudicaba mediante concurso público. Pero en 2012, en contra del criterio del ahora exjefe de Contratación, se resolvió a dedo el 70% del presupuesto de ese plan, cuatro millones de euros de un total de 5,8 millones.

 El negociado sin publicidad permite adjudicar un contrato sin concurso —para obras, el limite está en hasta 200.000 euros, sin contar el IVA— entre un mínimo de tres empresas previamente invitadas, de su libre elección. Pero suele resultar cara para las arcas públicas al restringir las ofertas.

Los 25 contratos del plan de carreteras de 2012 adjudicados a dedo permitieron rebajar en 482.076 euros el coste real de la obra sobre el precio inicial de licitación. Las otras seis adjudicaciones resueltas por concurso público de este mismo plan permitieron un ahorro de 582.331 euros. Al hacerse por el procedimiento abierto, la Diputación, entre 2007 y 2011, logró ahorrar anualmente una media de 2,3 millones, según cálculos del PSdeG. Pero el pasado año solo consiguió un millón.

 La agilidad que el gobierno de Calvo blande como justificación para esquivar concursos públicos tampoco se demostró: la reparación de carreteras, que normalmente se adjudica entre abril y mayo para realizar las obras en verano, aprovechando el buen tiempo, se adjudicó en septiembre en 2012.

 Este año fue en junio. Pero volvieron a ser mayoría las contrataciones a dedo (el 53%), según datos del PP. Sumaron un valor de ocho millones. Los restantes 4,2 millones se concedieron mediante concurso público, con rebajas entre el precio de licitación de la obra y su coste real en torno al 30%. 

Una media demasiada alta, según argumentó en el pleno provincial de junio, el portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, al defender “por el bien de la institución” que se eviten los concursos públicos. Según él, apremiadas por la crisis o al borde de la liquidación, hay empresas que logran contratos con rebajas en el precio “difícilmente defendibles” y que las abocan a no terminar nunca esas obras. 

Para Ruiz Rivas, “la transparencia es exactamente la misma" con el negociado sin publicidad, una modalidad que no preveería la ley, subrayó, “si el procedimiento abierto fuera el único que garantiza independencia e igualdad de acceso".   (El País, 14/12/2013)

16/12/13

A Coruña deja sin fecha la gran urbanización en los muelles del centro que pagaría una parte del Puerto Exterior


"Queda aplazada sin fecha la operación inmobiliaria en A Coruña con la que el Ministerio Fomento contaba inicialmente recuperar hasta un tercio de la abultada factura de la construcción del puerto exterior en Punta Langosteira, que se disparó hasta 789 millones de euros. 

Esta costosa infraestructura, decidida en 2004 en compensación por la catástrofe del Prestige, no solo pretendía retirar de los viejos muelles situados en el corazón de la ciudad los tráficos marítimos de mercancías peligrosas y molestas, como los hidrocarburos de uno de los principales clientes del puerto, Repsol, sino a la vez, con la liberación y venta de los terrenos que ahora ocupa la petrolera, reconvertir para su uso residencial y de disfrute ciudadano una zona a pie del mar y con vistas privilegiadas de la ría. Y de paso obtener parte de la financiación que requiere la nueva dársena, la obra pública más cara de Galicia.

 Pero el reciente acuerdo que establece la mudanza parcial, dentro de cinco años, del 60% de las actividades de Repsol a la nueva dársena deja en suspenso ese desarrollo urbanístico que tanto anhela el Ayuntamiento coruñés. 

Tardará décadas en ser algún día una realidad aquel ambicioso plan diseñado por el urbanista Joan Busquets que prevía la reconversión del viejo puerto en áreas de esparcimiento, edificios públicos y de viviendas en el corazón de A Coruña.

Es más, en el convenio hecho público ayer, 15 días después de su firma, la Autoridad Portuaria y Repsol acuerdan que hasta que no se libere la totalidad de los 98.323 metros cuadrados que ocupa ahora la petrolera en los muelles del centro no se procederá a “remediar” ese suelo. Esto es, a descontaminarlo —lleva dedicado medio siglo a almacenar productos petrolíferos— y tratarlo para que pueda ser reconvertido en urbanizable. 

De momento, sólo está acordado, con el traslado parcial a Langosteira dentro de cinco años, que la compañía libere y desmantele antes de 2020 instalaciones, básicamente enormes tanques de crudo, en 26.397 metros cuadrados, es decir un 27% de la superficie que ahora ocupa en el viejo puerto interior.

 “Dada la ubicación” de esos terrenos que quedarán libres pero encajonados entre otras actividades portuarias de mercancías peligrosas, “y con ese entorno” —Repsol seguirá utilizando el puerto del centro para exportar la producción de su refinería coruñesa—, “no tiene sentido hacer un desarrollo urbanístico por partes”, confirmó Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria.

Explicó que “tampoco se sabe la afección, ni el estado del subsuelo” en esos terrenos. Habrá que realizar una prospección para determinar qué debe hacer la concesionaria a fin de devolver los terrenos “al nivel que tenían” antes. Dado el coste que todo eso puede suponer, es mejor, insistió Losada, esperar a que Repsol se vaya totalmente del centro, lo que aún no tiene fecha, para recuperar la totalidad del suelo.

 No obstante, el acuerdo establece una excepción: en caso de que la Autoridad Portuaria permita “a un tercero y para cualquier actividad o por cualquier titulo” ocupar esos 26.000 metros cuadrados que liberará Repsol en 2018, esta última se compromete a “remediar” en un año ese suelo pero “exclusivamente a condiciones de uso industrial”.

Reconvertirlo luego en apto para usos urbanos y residenciales, como establecía el convenio de 2004 de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña para construir en los muelles y lograr “un tercio de los costes globales del nuevo puerto exterior”, obligará a un nuevo desembolso de dinero público y años de demora.

 La crisis ya había puesto en tela de juicio la operación urbanística, y este nuevo aplazamiento refuerza su inviabilidad, al menos en un futuro próximo. Cuando el Puerto obtuvo un crédito de 250 millones para garantizar la viabilidad, incluía en sus cuentas recaudar 200 millones por la venta de los viejos muelles del centro.

“El objetivo de la Autoridad Portuaria es ahora que se ejecute en su totalidad el traslado de Repsol a Langosteira”, comentó Losada, insistente en reseñar su convencimiento de que la petrolera acabará por mudar “lo antes posible” la totalidad de sus instalaciones. “No puedo aventurar fechas”, admitió. Pero se mostró convencido que la dificultad que entrañará operar desde dos terminales acabará por llevar a Repsol a acelerar su mudanza total."                (El País, 29/10/2013)

13/12/13

“Los responsables de la estafa de Pescanova acabarán en la cárcel”


“El juez no tendrá otro remedio porque hay una auditoría forense, ratificada ante el magistrado, con pruebas tan abundantes y contundentes que Manuel Fernández de Sousa y el núcleo duro de Pescanova tendrán muy difícil eludir sus responsabilidades penales, por muy buenos abogados que contraten.

 Lo llamativo es que, con un agujero patrimonial de 2.000 millones de euros y numerosas cuentas en paraísos fiscales, no estén ya en la cárcel”, se sorprende Carrera. “En este país es más grave robar un coche -prisión incondicional para el hijo de Ortega Cano- que hundir la primera multinacional y estafar a cientos de bonistas minoritarios, dejando un reguero de acreedores por más de 3.650 millones de euros”.

El libro Pescanova, Crimen Perfecto es una investigación basada en documentos que constan en el sumario de la Audiencia Nacional, en la que el periodista y escritor nacido en Ponferrada relata cómo Sousa y los demás imputados por el juez Ruz ejecutaron durante años desde Chapela una estafa sistemática creando más de doscientas sociedades ocultas, instrumentales, sin ninguna actividad real, cuyo único fin era emitir facturas falsas para descontarlas en los bancos, obteniendo liquidez.

 En 2011 y 2012 las facturas y cartas de crédito falsas llegaron a representar el 80% del volumen de facturación de Pescanova. En ese período, Pescanova generó una deuda de 3.650 millones de euros y un agujero o desfase patrimonial estimado en 2.000 millones, presuntamente desviados a cuentas opacas a través de la red de empresas ocultas en Madeira, Panamá, Malta, Uruguay e Islas Vírgenes.

 “Para acumular la deuda de 3.674 millones de euros en diez años, similar al pelotazo de Banesto –comenta el autor-, Pescanova tuvo que endeudarse a un ritmo de 367 millones por año, un millón al día durante 3.674 días, incluidos sábados, domingos y fiestas de guardar, 42 euros a la hora, 700 al minuto o 12 por segundo. Y todo con un 80% de facturas falsas”

 El libro de Valentín Carrera analiza el modelo de empresa y gestión ejercido por Sousa, “autoritario, machista y endogámico”, explotando de modo colonial recursos de países del Tercer Mundo gobernados por dictaduras cómplices, con condiciones laborales de semi esclavitud, recientemente denunciadas, por ejemplo en Nicaragua, por la ONG Intermon.

 “A Sousa se le consentía todo, por sus empleados, por los consejeros y por el poder político”, afirma el autor.

El libro analiza las relaciones con el poder -Pescanova figura como donante del PP en los papeles de Bárcenas-, con la Xunta de Galicia, que le dio generosas subvenciones a fondo perdido; con Caixa Galicia, que le suministró crédito fácil al tiempo que colocaba en el consejo al hijo del director general, Méndez; con los auditores de BDO, que no se enteraron o no quisieron enterarse; con la CNMV, a la que Sousa engaña repetidamente, falseando resultados o vendiendo acciones en secreto; o el intento de la esposa de Sousa, Charo Andrade, de evadir cinco millones de euros a China, abortado por la policía portuguesa.

Carrera, que es cronista político en el blog Tornarratos, en Galicia Confidencial y contertulio en O Faladoiro da Radio Galega, ha dedicado los últimos meses a analizar los documentos que constan en el Juzgado Central Nº 5 de la Audiencia Nacional y en el Procedimiento Concursal del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, entre otras fuentes.

“Lo que se percibe -afirma- es un interés del poder y la banca por taparlo todo; que no se hable del asunto Pescanova: la banca que prestó 3.100 millones sin garantías, alegremente, quiere ahora salvar la cara y los políticos que recibieron dinero querrán salvar el culo, dicho sea metafóricamente.

 Una vez más, están silenciando medios de comunicación, aplacando jueces y fiscales y templando gaitas, pero Pescanova está hundida y el dinero desaparecido, y los culpables y los ladrones tendrán que pagar por sus actos”.

Pescanova, Crimen Perfecto está escrito con estilo ágil, a la manera de una crónica negra, siguiendo el hilo conductor de una autopsia al cadáver de Pescanova. Casi doscientas páginas apasionantes, rigurosamente documentadas, que no dejan títere con cabeza: “El Caso Pescanova interpela a la Banca y a sus comités de riesgo, a la CNMV ciega muda y sorda, y a toda la élite de analistas y auditores que acumulan en su haber gloriosos patinazos en esta crisis financiera, desde las Cajas de Ahorro y las preferentes al caso Díaz Ferrán y otros tantos agujeros negros del sistema”. 

Un libro valiente y necesario para romper, en palabras de Federico Mayor Zaragoza, a quien el autor dedica este trabajo, “la inercia que conduce a la corrupción”.           (Cuarto Poder, 08/12/2013)

12/12/13

Decenas de implicados en el cobro de sobornos en los puertos de Vigo y Marín

"Lo que en principio se instruyó como un fraude de IVA de 13,6 millones de euros de una cooperativa ha acabado destapando una presunta red de comisiones ilegales y sobornos que venía funcionando, al menos, desde 2008 en los puertos de Vigo y Marín para no declarar un porcentaje de las descargas de pescado.

 Una investigación de gran calado, que podría acarrear fuertes sanciones administrativas y delitos penales para el sector pesquero gallego y empresas de distribución de la provincia de Pontevedra.

La Agencia Tributaria detectó el millonario fraude en 2011, en el que hay tres imputados por la acusación de la fiscalía de Delitos Económicos y elevadas multas por impago del IVA. Los primeros indicios de la trama que implica a operadores portuarios, principalmente subasteros, saltaron después de comprobar Hacienda el enorme listado de armadores (casi 200) que se habrían prestado a participar en la doble contabilidad de la cooperativa San Miguel de Marín, una práctica ya reconocida por algunos ante el juez.

 Dada la trascendencia del asunto, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, asumió el peso de la investigación con la apertura de oficio de unas diligencias informativas que ya acumulan tres tomos de instrucción con los informes resultado de las pesquisas que los últimos cuatro meses ha realizado la policía judicial de la Guardia Civil en ambos puertos. 

La abultada investigación, “muy compleja”, según fuentes del caso, salpica a decenas de trabajadores portuarios que venían aceptando sobornos y comisiones a cambio de manipular el pesaje de los productos en fresco que pasaban por las lonjas. Siempre de acuerdo con los proveedores (armadores) y cooperativas (compradores y distribuidores), la red habría generado millones de euros de ganancias encubiertas en los últimos años sin declararlas al fisco. (...)

Todos los indicios apuntan a que una o varias cooperativas habrían diseñado esta formula para estafar a Hacienda y se estima que los porcentajes de las descargas no declaradas llegaban a la mitad en la mayoría de los casos.

Paralelamente a estas diligencias, en la instrucción del millonario fraude de IVA, que destapó la supuesta red de comisiones, ayer declararon en el juzgado de Marín los tres imputados en el caso. El presidente de la cooperativa San Miguel, José Luis Santiago Pereira, acusado por tres delitos económicos, negó ante el juez y el fiscal la existencia de la contabilidad b en la entidad.

En parecidos términos se expresó en su testimonio judicial el responsable de las oficinas que la cooperativa tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros, Enrique Fernández Arca. Ambos empleados confeccionaban las denominadas notas de venta y hojas de autoliquidación en las que aparecen indicios de contabilidad paralela, según el escrito de acusación del fiscal Augusto Santaló.

Los dos empleados están acusados de actuar como cooperadores necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la comisión del fraude, por el que se le reclama un millón de euros y unas multas que podrían elevarse a casi diez. (...)

La declaración de los tres imputados contrasta con la de cuatro de los armadores citados por el juzgado para aclarar el presunto fraude de 13.689.998 euros. Los propietarios de los buques ddmitieron esta práctica al menos en los tres ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010.

 A partir de informes de Hacienda, el fiscal sostiene que la cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones fiscales no se reflejan las operaciones económicas reales por lo que no se tributaron las descargas de pescado que efectuó en el puerto vigués. También abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma y con el nombre del barco."           (El País, 06/12/2013)

11/12/13

Huelga en los hospitales. "El otro día estaba de Urgencias y tuve que subir a planta porque estaban dos enfermeras para 37 camas"

"En la puerta del Hospital Xeral de Vigo empiezan a apiñarse los vecinos un cuarto de hora antes de las 20 horas. En una esquina de la puerta del servicio de Urgencias dos enfermeras fuman un cigarrillo mientras miran a los manifestantes que un rato después empezarán a marchar por las calles de la ciudad, igual que en otras 13 localidades gallegas -las siete ciudades y las villas con hospital. 

Las mujeres, de bata blanca, están cubriendo los servicios mínimos, que en Urgencias rondan el 100%, y su turno no termina hasta las 22.00, así que no asistirán a la marcha. De poder, lo harían. "La gente está muy quemada", dice una, y espira el humo. Decenas de miles de manifestantes desfilaron por las ciudades gallegas mostrando que comparten el sentimiento, 40.000 solo en Vigo, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Las trabajadoras enumeran durante su pausa algunos de los recortes con los que se han venido enfrentando en los últimos tiempos, que dan la medida del enfado acumulado entre los profesionales públicos del sector. "El material que tenemos no es malo, es peor, ni el de las curas vale", dice una. "Y el personal una mierda. El otro día estaba de Urgencias y tuve que subir a planta porque estaban dos enfermeras para 37 camas", añade la otra. 

La lista de agravios sigue con menciones al descenso en la calidad de los fármacos, incluso para los tratamientos de cáncer, y el detalle del día: los jefes mandan que se realicen traslados de enfermos a pesar de que se estén cubriendo solo servicios esenciales. "No sigo que me caliento", termina. El caso del hospital Xeral, integrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), es paradigmático.

 Tras 50 años de servicio, la construcción del centro que lo sustituiría se viene demorando por los problemas de financiación de la obra, que en un principio se iba a construir con capital público antes de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo decidiese optar por dar entrada al sector privado.

La segunda jornada de huelga volvió a ser un éxito, con porcentajes de seguimiento superiores al 80% entre los facultativos, llegándose al 90% en algunas áreas, según los datos del sindicato corporativo de los médicos Cesm-Galicia que ofrece su presidente, Cándido Andión. "Que sepamos no ha habido incidencias, y la actitud de los pacientes ha sido ejemplar", indica.

 La reacción de la Xunta ha sido la de restar relevancia a la convocatoria y rebajar las cifras de seguimiento, que fijó en el 22% para el turno de mañana y en el 23% para el de la tarde, en un cálculo que no descuenta al personal que está cubriendo servicios mínimos, que se fijaron en torno al 40% de media, para escándalo de los sindicatos. Aún con esta salvedad, el porcentaje de asistencia fue mayor que el ofrecido el lunes. 

"Pueden decir que somos exagerados y que vemos peligro donde no lo hay, pero hay evidencias de que hay un proceso de privatización larvada", insiste Andión. "Es una situación inédita y ha quedado clara la voluntad de la gente de oponerse a este proceso", señala por su parte Manuel Martín, presidente de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública.

 La concienciación entre los médicos, el sector tradicionalmente más reticente a la movilización, sorprende hasta a los propios. "No recuerdo una huelga a la que fuesen tantos", señala un facultativo con más de 20 años de trayectoria en un hospital público de Pontevedra.

En las calles de Vigo se repitió el griterío habitual de las manifestaciones contra los recortes, a pesar del frío y la noche. Se corearon consignas contra el PP como "Esto nos pasa por un Gobierno facha" o "¿La culpa de quién es? De los que votan al PP", aunque lo más repetido fue el "No, no no, a la privatización".

 Al frente, la cabecera portaba una pancarta con el lema "Por la sanidad pública. Que no hagan negocio con tu salud". El paseo continuó animado con comentarios ocasionales entre los participantes, alguno más exaltado que otros. "Lo que habría que hacer es como en Ucrania, coger todos y...", propuso un joven con gorro a sus compañeros, al tiempo que braceaba en el aire. Tras discurrir por la Gran Vía y la Calle Urzaiz, la manifestación desembocó en la Puerta del Sol viguesa. 

"Esto no es una huelga política, es una huelga contra las políticas sectarias del PP", concluye Manuel Moreira, portavoz local del sindicato CIG-Saúde. Ahora toca esperar a la reacción de la Xunta, y ante la posibilidad de que el Gobierno gallego no atienda a las señales que llegan desde la calle, Andión avisa: "Allá ellos. Si creen que esto se va a quedar aquí, se van a llevar una sorpresa", adelanta."                (Público, 10/12/2013)

10/12/13

Los parques empresariales creados a raíz del Prestige, vacíos

"La crisis ha dejado en España urbanizaciones fantasma, edificios fantasma, y también parques empresariales fantasma. Como los levantados en Galicia en los últimos diez años con dinero público a costa del desastre del Prestige.

En 2003 el Gobierno creó Suelo Empresarial Atlántico (SEA), una sociedad participada en un 85% por el Ministerio de Fomento, a través de Sepes, Entidad Estatal de Suelo, y en un 15% por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo

 El objetivo era la creación de 13 parques empresariales en zonas de la costa gallega afectadas por el desastre del Prestige. El primer presidente de SEA fue el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, entre 2003 y 2005.

En 2004 Ignacio Ruiz Jarabo, presidente entonces de Sepi, y Alberto Núñez Feijoo firmaron un acuerdo para ampliar de 13 a 20 los parques empresariales proyectados. El 23 de febrero de ese año anunciaron que se crearían 8.700 empleos y que más de 1.000 empresas se instalarían en los nuevos parques.

En la actualidad, sólo hay quince empresas situadas en los parques construidos. De los 13 parques empresariales programados se han terminado todos menos los de San Pedro de Leixa, A Guarda-O Rosal, y Laxe. Sólo el parque empresarial de Rianxo mantiene el pulso, con siete empresas instaladas que ocupan 40.000 metros cuadrados de los más de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial con el que cuenta.

 En el resto hay entre ninguna y cuatro empresas instaladas. En algunos de ellos se han denunciado robos de cableado y alumbrado. (...)

Este diario se ha puesto en contacto con los 12 ayuntamientos que acogen los 13 parques empresariales de SEA (en Vilanova de Aurosa hay dos). No fue posible tener respuesta de Cee.

Laracha. En el parque de Laracha (567.064 metros cuadrados de edificabilidad) hay una empresa. El ayuntamiento negocia con otras.
Vilanova de Arousa. En uno de los parques de Vilanova de Arousa (152.157,38 metros cuadrados de edificabilidad) opera una compañía de piensos que ocupa 1.500 metros cuadrados. El otro se encuentra en fase de adquisición de los terrenos.
Muros. Cuatro empresas y tres iniciando obras; ocupan el 20% del suelo disponible (91.713,23 metros cuadrados de edificabilidad).
Rianxo. Siete empresas ocupan 40.000 metros cuadrados de los 190.637 metros cuadrados de edificabilidad. “Las expectativas son buenas, el problema es la financiación”, comentó Carlos Gil, teniente alcalde.
Vimianzo. Hay dos empresas (189.790 metros cuadrados de edificabilidad).
Catoira. Hay una empresa instalada, cerrada. El parque (41.692,6 metros cuadrados de edificabilidad) ha sufrido robo de cable y alumbrado.
Malpica. Las obras del parque (32.645 metros cuadrados de edificabilidad) “se pararon hace tres años”. El Ayuntamiento denuncia robo de cableado.
Mondoñedo. No hay ninguna empresa instalada; 36.581 metros cuadrados de edificabilidad.
San Pedro de Liexa. En fase de estudio.
A Guarda-O Rosal. No se ha llegado a construir. El suelo sí se ha reclasificado.
Laxe. No se ha construido. “Nadie nos consultó si era necesario”, comentaron en el Ayuntamiento.

Suelo Empresarial del Atlántico registró pérdidas en 2012 de 140.422,7 euros. La empresa explica en las cuentas de 2012, firmadas el pasado mes de marzo, que en el ejercicio 2013 contabilizará la venta de una parcela en Cee por más de 1,6 millones “a una empresa del sector de alimentación”, posiblemente Mercadona, según han publicado algunos medios. En el informe de gestión SEA indica que la previsión para el próximo ejercicio “es buena”, que se han formalizado ventas de 13 parcelas. (...)"         (Cinco Días, 09/12/2013)

9/12/13

Los Rubido apuntalan la dinastía popular en el municipio coruñes de Cedeira

"Las sagas dinásticas no son ajenas a la política local ni exclusivas de Ourense. El último ejemplo está en Cedeira. Un Rubido sucederá a otro en la alcaldía de la localidad coruñesa. A diferencia de los Baltar, padre e hijo, los Rubido, Leopoldo y Luis, son hermanos.

 Fuentes del PP gallego dan por hecho que será este último, edil de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, quien releve a su hermano mayor que ayer dijo adiós al bastón de mando después de prácticamente cuatro décadas de gobierno y sólo dos paréntesis obligado por las urnas en 1999 y 2007. 

Graduado social y profesor de Secundaria, Leopoldo Rubido Ramonde (Cedeira, 1942) aterrizó en la alcaldía en 1973, en las postrimerías del franquismo y, muerto el dictador, levantó un monolito en su memoria que inauguró ya en democracia otra figura del Régimen, Gonzalo Fernández de la Mora, exministro de Obras Públicas de Franco.

La loa monumental de Rubido a una dictadura que ya había expirado levantó muchas ampollas en una villa marinera que albergó un siniestro campo de concentración en la playa de A Magdalena donde llegaron a hacinarse 724 presos entre el otoño del 37 y el verano del 38. 

Fueron, sobre todo, republicanos vascos, asturianos y gallegos que eran apresados en el Cantábrico cuando trataban de huir de la Guerra Civil ocultos en los pesqueros y que fueron recluidos en tres lonjas de pescado junto al arenal donde se les perdió la pista para siempre a muchos nombres.

Leopoldo Rubido fue regidor bajo las siglas de Coalición Democrática, Alianza Popular y, finalmente, el PP. Gobernó Cedeira durante 32 años con dos pausas. La primera en la legislatura del 99, cuando lo derrotó un alcalde del BNG, y otra vez en 2007, para dejar paso a un tripartito de izquierdas encabezado por el socialista José Luis Vergara, al que reemplazó en mayo del 2011 recuperando para el PP la mayoría absoluta. 

 Leopoldo era uno de los alcaldes históricos del PP gallego por su longevidad en el cargo, junto al regidor de As Somozas, Manuel Candocia, que encadena 34 años de mandatos ininterrumpidos. En los ochenta y noventa, simultaneó cargos como regidor, diputado provincial desde 1983 y senador por A Coruña del 93 al 2000.

El martes presentó su dimisión por escrito en el registro local y el jueves refrendó su renuncia al escaño en un pleno extraordinario y urgente. Con 71 años, asegura que no se marcha ni por su edad ni por motivos de salud sino para dar paso a nuevas caras que garanticen la estabilidad política de su pueblo natal.

 El ya exregidor presumió de haber desempeñado su puesto con “ilusión, austeridad, limpieza y eficacia” y se va, dijo, dejando un pueblo “más hermoso y más justo”. Aunque evitó pronunciarse sobre su sucesor porque es un tema -dijo- que compete al partido, no es ningún secreto que el mejor colocado es su propio hermano Luis, que iba de número tres en la lista para los comicios locales de mayo del 2011 y al que la cúpula del PP gallego ya sienta en el sillón de alcalde.

El PP cedeirés, con 7 de los 13 ediles, elegirá a su próximo regidor con otro pleno extraordinario. Mientras, Alfredo Vilela, el número dos de la lista popular y primer teniente de alcalde, ha tomado temporalmente las riendas de un consistorio al que se incorpora Pilar Pérez, ocupando el asiento del Rubido más veterano.

 Luis Rubido, abogado de profesión, hermano del regidor dimisionario y regidor futurible, se incorporó a la corporación en 2004 y en este mandato llevaba el peso de la gestión local en Urbanismo, Hacienda, Desarrollo Local, Turismo y Cultura. Otro hermano de ambos es Bieito, director del diario 'ABC'."                  (El País, 06/12/2013)

6/12/13

La Xunta admite que destruyó cinco expedientes sobre Marcial Dorado, el narco amigo de Feijoó

"La Administración gallega no podrá remitir al Parlamento algunos de los expedientes que relacionan a la Xunta con el entramado de empresas y sociedades del narcotraficante Marcial Dorado porque al menos cinco de ellos fueron destruidos de forma deliberada tras la inundación sufrida en el edificio en el que estaban custodiados.

Esos cinco expedientes perdidos deberían formar parte de la numerosa documentación que los grupos de la oposición reclamaron a la Xunta para conocer al detalle todos los contratos públicos y órdenes de ayudas concendidas a las empresas de Marcial Dorado. Pero no serán remitido al Parlamento porque han sido destruidos. (...)

Ahora bien, cinco expedientes relacionados con las empresas Xatevín SL, Efectos Navales Arousa SL, Mitulo e Inmobiliaria Marli, firmas controladas todas por la familia de Dorado, no fueron halladas en dicho archivo, ante lo cual la Xunta hace constar que «tiveron que ser destruidos».

¿Y cómo se destruyeron? La propia Consellería de Traballo ofrece la respuesta en la comunicación que hizo llegar a AGE. Sostiene que el centro integrado de FP de Coia sufrió «sucesivas inundacións», especialmente en los años 1998 y 2012, que afectaron «gravemente» a muchos expedientes allí guardados, «ata o punto que tiveron que ser destruídos».

Yolanda Díaz, la viceportavoz de AGE, solicitó este martes explicaciones por la pérdida de dichos documentos y exigió conocer el nombre del responsable que ordenó la destrucción de los expedientes. (...)

El pasado mes de abril salieron a la luz unas fotos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, compartiendo momentos de ocio con Marcial Dorado a mediados de los años noventa. La polémica se agravó cuando se supo que el narcotraficante se había beneficiado de algunos contratos con el Sergas coincidiendo con la época en la que Feijoo era el número dos de la consellería de Sanidade, entonces José Manuel Romay Beccaría.

 Los grupos de la oposición pidieron entonces documentación sobre los contratos de la Xunta con Marcial Dorado pero muchos de ellos no fueron facilitados y el Gobierno se limitó a explicar que habían sido destruidos."            (La Voz de Galicia, 19/11/2013)

5/12/13

Galiza destruíu 1.240 empregos de persoal investigador nestes tres anos

"É, quizás, unha das promesa dos discursos políticos que menos se cumpre. A promesa de apoiar e apostar polo I+D+i polo que supón de ferramenta, din, para unha economía competitiva e que xere moito valor engadido. Mais esas promesas, recorrentes, na realidade non se cumpren.   (...9

No noso país destruíronse nestes tres anos (2010, 2011 e 2012) un total de .1240 postos de traballo de persoal investigador. Desde técnicos e auxiliares até investigadores principais. En 2010 o I+D supoña en Galiza 6.683 postos de traballo EDP (equivalencia a xornada completa). A finais de 2012 esa cifra derrubárase a 5.443. Uns números que indican que na Galiza pérdese un empregos de persoal investigador cada día.

Só en 2012, e como informa El Correo Gallego, foron 781 os empregos perdidos en persoal investigador. Unha sangría. E desde o goberno galego optaron por meter tesoira tamén neste eido, no I+D+i, malia as reiterados discursos e promesas en senso contrario.
Así, e como lembra este xornal, Galiza ocupa o 12 posto en canto ao esforzo (en relación co PIB) dos territorios do Estado español pola investigación e desenvolvemento. E o gasto en I+D caeu no noso país un 7,3 por cento, case dous puntos máis que a media do Estado español (xa de por si baixa), que foi dun 5,6%."            (Sermos Galicia, 18/11/2013)

4/12/13

Un niño ourensano, en riesgo de perder un testículo por falta de cirujanos

"Mi hijo juega al fútbol. Solo tiene 14 años, no sé si está preparado para perder un testículo”. Begoña G. salió disparada un viernes a las 21,30 horas de su casa en un pueblo del municipio de Cea, a unos 50 minutos de la ciudad de Ourense, hacia el Punto de Atención Continuada (PAC) de referencia, en Coles. Su hijo adolescente tenía un dolor agudo en un testículo. Se quejó por primera vez sobre las 19,30 horas.

 Entonces el dolor iba y venía, y Begoña decidió esperar un poco. Cuando se hizo constante, se fue con el niño al PAC. Eran las 21,30 cuando la médica que lo atendió le diagnosticó una torsión testicular y le dijo que fueran de inmediato al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) “para que lo operaran”. Pero en el CHUO ya no operan a los menores de edad a partir de las 15 horas ni tampoco los fines de semana o festivos.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) decidió desmantelar el departamento de cirugía pediátrica en Ourense —apelando a la escasa población infantil— y adscribirlo al de Vigo. Lo llama “área de servicio compartido” y supone el ahorro de los salarios de los dos cirujanos pediátricos cuyas plazas no ha amortizado. 

Como consecuencia, los menores ourensanos que necesitan intervenciones quirúrgicas en horario de tarde o en fines de semana y festivos son atendidos por los servicios generales del CHUO o derivados a Vigo, a 100 kilómetros, en ambulancias medicalizadas.

 El urólogo que atendió al chico en el hospital de Ourense no consideró una urgencia la intervención: lo envió de madrugada a Vigo para que lo operaran allí. Hasta dentro de unos meses no se sabrá si conservará el testículo.

A Juan —nombre supuesto del menor— lo metieron en el quirófano del hospital Xeral de Vigo a las dos menos cinco de la madrugada. Habían transcurrido algo más de las seis horas que los especialistas consideran límite para realizar una intervención de una torsión testicular que permita salvar este órgano.

 La cirujana que lo operó advirtió a los padres de que el testículo estaba “bastante necrosado” pero que decidió no extirparlo “porque tenía una parte importante aún intacta”. Begoña llegó con su hijo a urgencias del CHUO a las 22,30 de la noche de aquel viernes “y la verdad es que lo atendieron de inmediato”.

 Le hicieron una ecografía y los mandaron esperar. Pero Juan, cuenta la madre “se retorcía de dolor y allí no venía nadie, o al menos a mí se me hacía eterno”. Aasí que la madre llamó al timbre “para que le dieran un calmante” y la enfermera avisó al urólogo.

 “Nos explicó que había que operarlo, pero que, como ya no hay servicio de cirugía pediátrica en Ourense, lo enviaban a Vigo”. “Me pareció fatal que el médico dijera que no era urgente porque aún estaba dentro del margen de las seis horas: mi hijo se retorcía de dolor y había empezado a las siete y media”.

 La ambulancia tardó en arrancar (“salimos después de las 12”) y la noche “era de perros; no paraba de llover”. Begoña recuerda el viaje como un viacrucis: “El niño y yo llorábamos, mi marido venía detrás en el coche. Me consolaba él a mí, me decía que no iba a ser nada”.

Desde que Juan salió del quirófano, no volvieron a hablar del asunto. “Yo creo que si finalmente tienen que extirparle el testículo va a necesitar un psicólogo, supongo que tendremos derecho a uno”, cavila ahora la madre. El niño está bien. “Tiene cicatrices, pero ya no le duele”, se consuela Begoña. 

Como no hablan de las posibles consecuencias, su madre no sabe si el niño está preocupado. A ella le parece que si finalmente le extirpan el testículo “será tremendo, como cuando a una mujer le quitan un pecho” y se pone en lo peor. (...)"                    (El País, 28/11/2013)

3/12/13

El juez investiga si un promotor urdió una estafa con un crédito de Fontenla

Parcela en la que están los terrenos que eran de los vecinos de Culleredo / gabriel tizón

"El constructor coruñés Antonio Gómez Landeira pasaba apuros económicos en enero de 2009 cuando el expresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia Antonio Fontenla acudió en su ayuda. Landeira necesitaba dinero y tenía a una veintena de familias del municipio limítrofe de Culleredo pisándole los talones para reclamarle unas fincas que le habían permutado por unos pisos que nunca recibieron. 

Fontenla le concedió entonces al promotor un controvertido crédito: le prestó un millón de euros con la condición de que se lo devolviera en solo seis meses, pero no le reclamó documentación que acreditase su solvencia y solo confió en la palabra de un colaborador que le dijo que Landeira era “una persona próspera”. Como transcurrido ese tiempo ni el millón ni el 1% de intereses volvieron a su bolsillo, se efectuó un embargo y Fontenla pasó a ser el propietario del terreno cuyo pago reclamaban los vecinos a Landeira y que había sido utilizado como garantía. 

Ahora ambos constructores se han asociado para urbanizar la parcela —han presentado juntos un estudio de detalle en el Ayuntamiento de Culleredo— y los afectados se han quedado sin sus propiedades y sin indemnización.


 El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña investiga si, como sostienen varios vecinos que perdieron sus terrenos, el crédito de Fontenla fue parte de una maniobra de Gómez Landeira, que declaró el pasado 11 de octubre como imputado por estafa. (...)

Los querellantes sostienen que la empresa a través de la cual Fontenla prestó los fondos a Landeira (Aparcamientos Monelos, SL) también estaba entonces “en quiebra técnica”.

Landeira se hizo en 1999 con las fincas de Culleredo, una de las localidades del área de A Coruña en la que más caja hicieron los empresarios del ladrillo, gracias a una permuta bendecida por el Ayuntamiento. El acuerdo con las familias propietarias consistía en que estas entregaban el suelo a Landeira a cambio de recibir algunos de los pisos que allí se levantarían.

 El pacto privado se firmó en una notaría en presencia del alcalde de Culleredo, el socialista Julio Sacristán, quien, según los vecinos que han acudido a los tribunales, le dio “fiabilidad” a la operación. Sin embargo, ese día los residentes en Culleredo suscribieron sin ser advertidos un contrato carente de garantías, en el que no se incluía ninguna compensación por las tierras en caso de que las viviendas no se ejecutasen, como finalmente ocurrió.

Landeira nunca construyó en el solar permutado con los vecinos, según explicó al juez, porque el Ayuntamiento había pactado darle más edificabilidad a la parcela en un nuevo plan urbanístico que casi 15 años después aún no ha sido aprobado. Una sentencia civil de 2011 reconoció el derecho de los vecinos que demandaron a ser indemnizados por Landeira con un total de 445.000 euros, una cantidad equivalente al precio de los pisos prometidos, pero que, según alegó el propio constructor en el juzgado, “no ha podido pagar”.

 Landeira actuó en este caso a través de la empresa Promociones Naiguata, aunque está vinculado a otras diez sociedades, entre ellas una sicav (Moriche Inversiones) que, según datos del Registro Mercantil, declaró en 2011 un patrimonio de 2,3 millones de euros.

Fue al preparar la demanda civil cuando los vecinos que han presentado ahora la querella por estafa descubrieron que las fincas que permutaron a cambio de unos pisos nunca recibidos ya no eran de Landeira y que Fontenla se había quedado con ellas gracias al controvertido préstamo.

 Según los querellantes, la maniobra fue un “engaño” orquestado por el administrador de Promociones Naiguata “para adueñarse sin prestación legítima alguna de sus propiedades”, ya que, según explica su abogado, aunque ahora se urbanice el solar sus clientes no recibirán los pisos porque la sentencia civil ya fijó una indemnización, esa que el acusado dice no poder pagar.

 Este periódico no ha logrado contactar con Landeira porque el único número de teléfono que consta de Promociones Naiguata es el de una asesoría. (...)

A finales de la década de los noventa, la burbuja inmobiliaria empezaba a ganar aire en la comarca de A Coruña. 

Mientras en la capital provincial se asfaltaban nuevos barrios como el de Los Rosales, en el municipio limítrofe de Culleredo el Ayuntamiento y los constructores buscaban rincones donde floreciera el negocio. Corría el año 1998 y, frente a la iglesia de Vilaboa, los propietarios de un conjunto de antiguas viviendas de dos plantas que ocupaban una parcela de más de 8.000 metros cuadrados decidieron firmar un convenio con el gobierno local del socialista Julio Sacristán para aumentar su edificabilidad en el próximo plan urbanístico. 

Solo un año después, la empresa Promociones Naiguata suscribía otro acuerdo con ellos para permutarles el solar a cambio de algunos de los pisos que allí levantaría.

Las viejas casas de Vilaboa fueron derruidas y los residentes que vivían en ellas se mudaron a un piso de alquiler en espera de sus nuevas viviendas. Sin embargo, Naiguata, administrada por el constructor Gómez Landeira, nunca urbanizó, entre otras cosas porque el plan urbanístico no llegó y porque la Lei do Solo de 2002 prohibió la edificabilidad pactada con el Ayuntamiento. 

Fuentes oficiales del gobierno local restan importancia al conflicto judicial con los vecinos que se han querellado contra Landeira por estafa —aseguran que varios de ellos se han descolgado de la denuncia— y afirman que están en contacto permanente con el promotor, al que no cuestionan.

 Sobre la presencia del alcalde en la firma de los contratos de permuta entre el constructor y las familias que no recogían garantías para estas últimas, el portavoz del Ayuntamiento de Culleredo explica que transcurrido tanto tiempo el regidor no recuerda aquel día y sugieren que si estuvo allí pudo ser porque tenía que resolver otros asuntos en la misma notaría."       (El País, 27/10/2013)

2/12/13

Las 'embajadas' de la patronal gallega cuestan 18 millones de euros públicos

Feijóo, de visita en la oficina de México D.F.

"(...) Dentro de su insistencia en la "internacionalización" como una de las vías para salir de la crisis, la Xunta financia, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), las Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga). 

Creada en la pasada legislatura, esta red es presentada por el Ejecutivo autonómico como una apuesta por la "cooperación, especialmente con organismos intermedios, como mejor vía para prestar más y mejores servicios, tanto en origen como en destino, y acelerar de este modo la internacionalización del tejido empresarial multiplicando la eficiencia de recursos". Con este fin, el gabinte de Alberto Núñez Feijóo puso sobre la mesa 18 millones de euros para un período de apenas cuatro años (2010-2013).

A punto de concluir el plazo temporal previsto, la Xunta acaba de responder a una pregunta parlamentaria del BNG en la que la formación preguntaba por el "presupuesto anual" y el "funcionamiento" de las oficinas de la red Pexga. En su respuesta, el Gobierno admite que dotó el proyecto "con un presupuesto máximo de 18 millones" que incluye un "servicio de licitaciones internacionales" y una "red de plataformas empresariales en los mercados de interés estratégico para las empresas de Galicia". (...)

Los manifiestos oficiales de eficiencia y austeridad no se corresponden, no obstante, con las denuncias formuladas por la oposición parlamentaria sobre esta red de la CEG. Así, por ejemplo, hace pocos meses el PSdeG ponía el foco en la sede de Pexga en la ciudad brasileña de São Paulo, *ubicada "en el edificio de lujo del hotel Sheraton", donde la patronal alquiló "una oficina de 160 metros cuadrados" para "un solo trabajador". Para el socialista José Luis Méndez Romeu, "la negativa reiterada del Gobierno gallego a dar cuenta de estas contrataciones evidencian una falsa austeridad y un descontrol en la gestión".

"Mientras Feijóo predica la austeridad, la Confederación de Empresarios recibe 18 millones sin publicidad y sin control para oficinas suntuarias" que, por si fuera poco, destaca Méndez Romeu, "funcionan de espaldas a la legislación de aquel país". 

Así, ejemplifica, "los trabajadores contratados para esa oficina fueron rápidamente despedidos, unos por carecer de visado y otros, por no estar registrados" correctamente. Estas circunstancias, lamenta, se añaden a la "acumulación de escándalos en el IGAPE, a cuyos directivos parecen no poder controlar". (...)"                   (eldiario.es, 18/11/2013)